El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) elevó los topes de subsidios a los que podrán acceder las películas destinadas a audiencia media exhibidas por medios electrónicos, por fuera de las salas.
La Resolución 577/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, eleva los topes de subsidios actuales del 56% al 63% del costo promedio de una película para los largometrajes nacionales de ficción, del 28% al 31,50% en el caso de los documentales; y del 78% al 80% para las animaciones.
La decisión había sido resuelta de forma unánime en la reunión ordinaria del Consejo Asesor del Incaa del pasado 30 de marzo en Ushuaia.
“En virtud de lo requerido por el Consejo Asesor y con el fin de propender al apoyo de la cinematografía nacional, resulta pertinente incrementar los porcentajes de los distintos topes de subsidios por otras formas de exhibición”, señalan los considerandos.
Los porcentajes se calculan en base al valor de presupuesto medio de un largometraje, el cual está fijado por el Incaa –según la Resolución 1528/2022 de noviembre pasado- en $ 70 millones.
Por tanto, el subsidio máximo para estas películas será de $ 44.100.000 para ficciones, $ 22.050.000 para documentales y $ 56.000.000 para animaciones.
Los nuevos porcentajes se aplicarán de forma retroactiva para las películas estrenadas desde el 1 de marzo.
Además de este incentivo, las producciones pueden acceder a otros por paridad de género en sus equipos técnicos y de lugar geográfico, impulsando a las rodadas por fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
Estos topes son válidos para películas que se consideren de audiencia media por medios electrónicos, a las cuales se les asignan un tope más reducido de subsidio que a las de audiencia masiva, en las que puede alcanzar hasta el 100% de lo obtenido en boletería para cubrir el costo promedio.
El financiamiento del Incaa proviene, en su mayor parte, del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) conformado por los ingresos provenientes de la recaudación del 10% del valor de las entradas de cine, 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD´s) y el 25% de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en impuestos a operadores de telecomunicaciones.
Al momento, dicho fondo aún no prevé ingresos provenientes de plataformas de streaming, pese al cambio en las tendencias de consumo.
No obstante, a través de la Resolución 361/2023, publicada a fines de marzo pasado, el Incaa ordenó la inscripción de oficio ante el Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual (Rpaca) de estas plataformas, donde se incorporan a las personas físicas y jurídicas que integran las diferentes ramas de la industria.
Esto se considera un paso previo para que las plataformas realicen también su aporte al FFC.
En la Cámara de Diputados aguarda su tratamiento una normativa –presentada en diciembre último por un conjunto de legisladores encabezados por Gabriela Pedrali del Frente de Todos (FdT)- que modifica la Ley de Cine de 1994 destinando el 10% del IVA cobrado por las plataformas al fondo.
