(Por Valeria Azerrat para Telám) – El sistema de Juicio por Jurados, en el que un grupo de ciudadanos participa del proceso de administración de Justicia a través de la determinación de la culpabilidad o no de los acusados, está listo para comenzar a aplicarse en la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de una causa por un delito grave para el que corresponda una pena de más de 20 años de prisión.
Según fuentes judiciales consultadas por Télam, más de 500 porteñas y porteños ya fueron notificados para conformar el primer jurado que funcionará con la nueva modalidad, que tendrá 12 miembros y dos suplentes, respetando la paridad de género y la participación de personas no binarias.
De esta manera, el distrito se suma a las provincias que cuentan con una ley de este tipo, entre ellas, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos y Chubut, y se abre una nueva etapa en la Justicia local a partir de un sistema de enjuiciamiento enunciado en la Constitución nacional y también en la porteña, que incorpora la participación ciudadana en el enjuiciamiento.
Entre los requisitos para ser miembro del jurado están ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados; tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la Ciudad.
A su vez, no podrán integrar el sistema de enjuiciamiento funcionarios nacionales, provinciales y porteños de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como tampoco los directivos de un partido político; en tanto que están “inhabilitados” a participar los abogados, los imputados en causas penales dolosas y los incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad, entre otros.
Para la conformación de los jurados, el Consejo de la Magistratura porteño tomó el padrón electoral, a partir del cual sorteó a los potenciales integrantes, que resultaron ser los ciudadanos residentes cuyo Documento Nacional de Identidad finaliza en 605.
A partir de ello, las autoridades dieron con un listado de los candidatos, los que fueron notificados por el Poder Judicial de la carga “pública e irrenunciable” para la cual fueron elegidos, por lo cual ninguno podrá negarse a desempeñarla, salvo que tenga algún impedimento o motivo legítimo de excusación.
Entre las instancias para quedar exentos figura el tener “muy graves problemas en razón de sus cargas familiares o funciones o trabajos de relevante interés comunitario cuyo reemplazo origine en los mismos trastornos importantes”, así como quienes “acrediten satisfactoriamente causas o motivos que les produzcan dificultades graves para cumplir con la función de Jurados” y los mayores de 70 años que “invoquen y acrediten satisfactoriamente motivos de salud”.
Según informaron las fuentes consultadas, las personas que se desempeñen como jurados que se encuentren desempleadas serán remuneradas; al tiempo que los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos que se generen durante el tiempo que se extienda el juicio serán cubiertos por el Consejo de la Magistratura local.
Además, durante el debate, que se regirá por las reglas del juicio común del Código Procesal Penal de la Ciudad, los jurados tendrán “terminantemente prohibido dar fe por ellas mismas de la credibilidad de los testigos” y tampoco podrán dar “opiniones personales sobre el caso, sobre el veredicto o sobre el impacto del veredicto en la sociedad.
En el caso de la norma vigente desde abril de este año en la Ciudad de Buenos Aires, el Juicio por Jurados será para el enjuiciamiento de detenidos que cometieron delitos graves, definidos como aquellos que prevén una pena máxima de 20 años o más de prisión o reclusión.
A raíz de las competencias en materia de administración de justicia en la Ciudad, el sistema entonces está limitado a cuatro delitos: estrago doloso seguido de muerte; abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo; apremios ilegales de funcionarios contra cualquier persona privada de su libertad; y tráfico de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por condiciones como la cercanía de una escuela.
El jurado deberá formular un veredicto de “no culpable”, “no culpable por razón de inimputabilidad” o “culpable”, sin ningún tipo de aclaración o aditamento, al que, además, deberá llegar por unanimidad y en los casos en que no se alcance un total acuerdo entre los 12 miembros, el sistema establece que deberá comenzar un nuevo juicio.
La ley que dio origen al sistema de Juicio por Jurados fue sancionada en octubre de 2021 en la Legislatura capitalina con 54 votos positivos de los dos bloques mayoritarios de Juntos por el Cambio (JxC) y del Frente de Todos (FdT) y cuatro en contra de la Izquierda, en base a los proyectos presentados por la legisladora María Rosa Muiños y el diputado Leandro Halperin, quienes en la actualidad dejaron ya su banca en el Parlamento local.
En diálogo con Télam, Muiños, actual defensora del Pueblo porteño, evaluó que “el proceso de democratización de la Justicia era una deuda que teníamos con los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires”.
“El Juicio por Jurados derriba algunos prejuicios, acerca a los vecinos y vecinas a la administración de Justicia –porque los hace parte–, y transparenta los procesos y que construye ciudadanía”, remarcó y agregó que “así como un jurado puede ser influenciable a través de los medios de comunicación, también es verdad que un juez, en soledad, puede ser influenciado por los mismos medios”.
Halperin, en tanto, ponderó la “mejora en la calidad del servicio de Justicia” y se mostró “partidario que el Juicio por Jurados pueda aplicarse al resto de los delitos para que cualquier acusado pueda optar por esta modalidad”, para lo cual la Ciudad debería ampliar los alcances de la norma y así “poder resolver la mayoría de los conflictos judiciales”.
Por su parte, el flamante director de la Oficina de Jurados, dependiente del Consejo de la Magistratura, Gastón Blanchetiere, dijo a Télam que ahora la ciudad está “lista y en condiciones de tener un Juicio por Jurados”.
“Significa la participación directa del ciudadano en la administración de Justicia, serán ciudadanos comunes, sin conocimiento del derecho, que enfrentan una causa y actúan como jueces, evalúan la prueba y deciden sobre la culpabilidad o no de una persona en base a los argumentos de la defensa y de la acusación”, precisó.
