El legislador porteño Claudio Morresi (Frente de Todos) presentó un proyecto de Ley para condonar “la deuda que el Club Atlético Defensores de Belgrano mantiene con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros y Ley 23.514 entre el mes de abril de 2020 hasta el mes de febrero de 2023”. Son coautores Victoria Montenegro, Maia Daer, Matías Barroetaveña y Claudio Ferreño.
La defensa del proyecto sostiene que “es una asociación civil sin fines de lucro cuya misión es el desarrollo deportivo y recreativo de la comunidad, hecho que las autoridades del Club consideran primordial en el desarrollo de una ciudadanía plena, para lo que ponen a disposición de manera irrestricta las instalaciones de su institución. Con esta práctica, favorecen el sentido de pertenencia al barrio, la amistad y los valores que se transmiten mediante la práctica deportiva”.
El texto repasa parte de la historia del club: “Fundado el 25 de mayo de 1906 el Club Atlético Defensores de Belgrano es una tradicional y centenaria institución del barrio de Núñez (Comuna 13) cuya primera sede provisoria fue en O’Higgins y Monroe. En el año 1910 se traslada a su actual ubicación en donde ya lleva más de 100 años de trayectoria deportiva y social”.
También menciona que la institución cuenta con un estadio para la práctica de fútbol, una cancha de usos múltiples y un gimnasio deportivo, donde la niñez, la juventud y adultos y adultos mayores desarrollan actividades deportivas. Además cuenta con espacios cubiertos y descubiertos para el uso libre recreativo de los socios e invitados.
Además, entre sus actividades hay Fútbol Amateur, Fútbol Infantil, Baby Fútbol, Patín Artístico, Futsal Femenino, Futbol Once Femenino, Deportes de Contacto, Tango y Ajedrez.
Defensores también “desempeña un rol activo dentro de la comunidad brindando sus instalaciones de manera gratuita para que escuelas, centros de jubilados, universidades, fundaciones y cualquier otro actor social pueda desarrollar actividades tanto deportivas y recreativas, como sociales y culturales”, según la argumentación.
