La legisladora porteña Claudia Neira (Frente de Todos) presentó un pedido de informes “sobre los diversos aspectos urbanísticos referidos al polígono determinado por las avenidas Cabildo, Gral. Paz, Libertador, Congreso”, en el barrio de Núñez.
“Informe y especifique la cantidad total de peticiones solicitadas y aprobadas dentro del polígono, a partir de la entrada en vigencia del Código Urbanístico-Ley 6099. Informe si existen peticiones vigentes en relación a Convenios Urbanísticos, Plan para Parcelas Mayores 2500 m2 y Plan de Detalle”, solicita la representante capitalina.
“Informe y remita la totalidad de actos administrativos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección General de Antropología Urbana, Dirección General de Planeamiento Urbano, Dirección General de Interpretación Urbanística y la Dirección General de Registro Obras y Catastro, respecto a peticiones dentro polígono, en el período 2018-2022. Informe y remita la totalidad de Dictámenes emitidos por el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), respecto de consultas efectuadas en el marco de distintas actuaciones que le fueran giradas, dentro polígono, en el período 2018-2022”, suma al respecto.
“A la hora de fundamentar el pedido, el proyecto de Neira indica: “Cabe recordar que a instancias de la Ley N°6099/2018 – Código Urbanístico, se reconvirtió las antiguas zonificaciones del Código de Planeamiento Urbano (R1A, R1B1 y R2b1) en unidad de edificabilidad USAB 2. Este cambio en el marco normativo, si bien eliminó las conflictivas variables geométricas del CPU y estableció alturas límites, introdujo parámetros urbanísticos (complementados por la Ley N° 6131-2020) que pusieron en riesgo la calidad de vida en este sector del barrio Nuñez, generando la movilización de sus vecinos y vecinas; quienes luego de un largo proceso de negociación con miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, lograron se propicie la modificación normativa de un sector. (Ley N°6564-2022)”, indica sobre la historia reciente de esta normativa.
“No obstante, es preciso destacar que durante aquel proceso de negociación, iniciado a fines del año 2021, la normativa urbana vigente, posibilitó el avance y aprobación de desarrollos que no se ajustaban ni al espíritu del reclamo vecinal ni al de la nueva ley. (Hecho agravado por el mecanismo de aprobación de certificados urbanísticos). Por esos motivos, resulta relevante conocer la situación real de este sector urbano de la ciudad, tanto para comprender la superposición de marcos normativos y sus impactos físicos, económicos y ambientales, cómo para poder abordar medidas que mitiguen los sus efectos negativos en el barrio”, concluye el proyecto de Neira.
